La cuestión no era si el gobierno iba a aumentar o no los combustibles. La pregunta era cuándo y en qué magnitud. El último viernes de marzo llegó el anuncio y a partir del primero de abril la nafta y el gasoil se pagan 7% más caros, con un aumento de $5,4 y $3,3, respectivamente.

La guerra en Irán hizo saltar los precios de los combustibles en el mundo. Y un país importador de petróleo no podía quedar por fuera del fenómeno. A lo sumo, al tener un refinador estatal monopólico, se podía aspirar a administrar la suba y no trasladar al consumidor final y al productor la totalidad del aumento, que es exactamente lo que eligió hacer el gobierno.

Vayamos a los números. Los precios de paridad de importación que calcula URSEA y que representan el escenario hipotético en el cual, en vez de importar petróleo y refinarlo en Uruguay, el ente estatal lo trajera del exterior ya listo para enviar a las estaciones de servicio, son bastante elocuentes. El precio de paridad ex-planta trepó de $63,6 en febrero a $72,8 en marzo, en el caso de la nafta súper, y de $35,3 a $54,4 en el mismo período, en el caso del gasoil 50. Esto es, subas de 14% y 58%, respectivamente.

Según datos del Ministerio de Economía, para trasladar a precios estos aumentos sería necesario incrementar 13% la nafta y 44% el gasoil. Si tenemos en cuenta que las autoridades anunciaron cambios mensuales en los precios de hasta 7%, en el caso de la nafta se requerirían dos meses de ajustes de casi 7% para alcanzar los valores internacionales de referencia que tenemos hoy. En el gasoil, recién con cinco ajustes de esa magnitud y la mitad en un sexto mes se alcanzarían los precios de paridad.

Esto quiere decir que si el gobierno hubiera trasladado por completo a precios, en vez de subir a $82,3, la nafta hubiera alcanzado los $86,9. Y en el caso del gasoil, en lugar de $50,6, se pagaría a $68,1.

¿Una buena decisión política?

Uruguay necesita un esquema de fijación de precios de los combustibles con la suficiente flexibilidad para enfrentar un nuevo contexto que se caracteriza por tres elementos: su volatilidad (posibilidad de subas alternadas por bajas en poco tiempo), su imprevisibilidad (varios escenarios con probabilidad de ocurrencia significativa y signo contrapuesto) y su extremismo (los cambios, de producirse, podrían ser de gran magnitud).

Claramente, un ajuste de precios bimensual como el que adoptó el gobierno el año pasado no es una opción. Me cuesta pensar también que un esquema como el actual, de ajustes mensuales topeados al 7%, sea una alternativa.

En el caso de la nafta, una mirada desde la macroeconomía no deja lugar a dudas. En el trade-off entre una suba de precios que aumente la inflación y un incremento del déficit fiscal por absorber esa suba desde el Estado, no hay discusión posible. Con una inflación por debajo del 3% anual y un déficit de 4% del PIB, no hay mucho que pensarlo.

Uruguay llega a este shock con una inflación baja (incluso demasiado baja) y un problema fiscal que no es crítico pero sí acuciante. No hay argumentos más allá de lo obvio: el gobierno no quiere absorber el costo político asociado al malestar que genera en la clase media un aumento brusco de los combustibles, y eso lo lleva a pisar el precio de la nafta. No hay consideraciones inflacionarias que arrojen un matiz ni elementos vinculados con la situación fiscal que ameriten hacer el esfuerzo.

Incluso desde el punto de vista distributivo, es muy difícil argumentar que la absorción del shock de precios del petróleo por parte del Estado sea una política progresiva, sobre todo en el caso de la nafta. Es de sentido común, pero los números además lo respaldan. Según la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos del INE, el 65% del consumo de combustible por parte de los hogares se da en el cuarto y quinto quintil, mientras que los quintiles uno y dos apenas representan el 18%.

El gasoil es otro tema. Ahí pesa la competitividad de aquellas actividades intensivas en el uso de combustible, como el agro o la logística de carga. Y si bien los costos de las empresas uruguayas (sobre todo aquellas que compiten con el exterior) se encuentran tensionados por un combo de baja productividad, cargas laborales e impositivas elevadas y una distancia a los grandes centros de consumo del mundo, lo cierto es que en este caso la suba de los combustibles se está dando de forma generalizada.

Hay países que han optado por establecer distintos tipos de subsidios que suavizan el impacto en bolsillos y balances. Sin embargo, el grueso de los países (en especial aquellos que toleran cierta competencia de proveedores de combustibles) han visto aumentos que fácilmente llegan al 20% respecto a mediados de febrero. Esto hace que, aun con un aumento de 7%, los combustibles en Uruguay —por debajo del de sus competidores— le permitan al país compensar parcialmente otros problemas más de corte estructural que van en desmedro de los márgenes de las empresas.

Es un lujo que Uruguay no puede darse por mucho tiempo. El Ministerio de Economía cuantifica en US$ 30 millones mensuales el costo que implica haberse desviado de la paridad de importación. Es un costo que será absorbido por el Estado uruguayo, ya sea en la forma de menores márgenes de refinación —y por lo tanto, menores transferencias al fisco para su reasignación— o como mayores necesidades de financiamiento por parte de ANCAP —y un incremento de la deuda pública consolidada—.

La incertidumbre financiera a nivel global llama a una mayor prudencia fiscal. Es cierto que hoy Uruguay goza de condiciones excepcionales de acceso al crédito internacional, con un riesgo país que en lo que va del año ha oscilado entre los mínimos históricos de 77 puntos y un máximo muy prolijo de 94 en estos días, según el índice de Bevsa. Aun así, un escenario de recrudecimiento del conflicto va a llevar a un aumento de tasas de referencia a nivel global y, por lo tanto, a un incremento en el costo de financiamiento para todos los gobiernos, incluido el uruguayo.

Yo sé que es una opinión absolutamente impopular. Nadie quiere pagar más por combustibles o por los bienes y servicios que dependen de ese insumo y por lo tanto, son sensibles a un aumento sobre todo del gasoil, que es el combustible más afectado por la coyuntura actual. Por suerte, no dependo del voto de la gente. El gobierno corre otra suerte y no está lidiando de la mejor manera con los objetivos contrapuestos de reducir la vulnerabilidad fiscal y el de dejar a la gente contenta.

Esto no quiere decir que tengamos que resignarnos a los precios de los combustibles que tenemos. Más específicamente al diferencial que mantenemos respecto a nuestros principales socios comerciales, donde Uruguay aparece como el más caro aun absorbiendo buena parte de la suba reciente. Pero no es una discusión aislada de la cuestión fiscal. Porque el grueso de ese diferencial se explica por los impuestos, que representan casi la mitad del precio al público y otra parte no menor, cubre márgenes e ineficiencias de ANCAP. Sin embargo, resignar esos ingresos implica meterse en otra discusión también incómoda: la necesidad de encontrar otras fuentes de ingreso —como el tan elusivo crecimiento económico— o recortar el gasto —algo que ningún gobierno en la historia reciente ha logrado hacer, aun los que asumieron con ese mandato—.

La guerra en Irán y sus posibles escenarios

Durante el mes de marzo, el barril de petróleo Brent trepó 63%. Atrás quedaron los valores del entorno de los US$ 70 de febrero y trepamos a un escenario en el cual los precios tocan el piso de los US$ 85 en días buenos, en momentos de mayor expectativa diplomática, y rozan los US$ 120 en el punto más álgido del conflicto.

Si a este escenario le agregamos otro condimento —un dólar que trepó de $38,4 a $40,5 en su suba mensual más pronunciada desde aquel otro marzo en que estalló la pandemia—, tenemos la relación entre precios y costos de ANCAP que vimos anteriormente y que no cierra por ningún lado.

Y la pregunta más relevante sería: ¿qué tanto se puede estirar el conflicto? Hay tres escenarios, no necesariamente vinculados al conflicto en sí —la caída o no del régimen iraní, por ejemplo— sino más bien a lo que puede suceder con el estrecho de Ormuz, el canal por el cual transita un cuarto de la oferta mundial de petróleo y que en este momento está virtualmente cerrado por amenazas de Irán y la imposibilidad de EEUU para defender los buques que lo atraviesan.

Un primer escenario implica un conflicto muy breve, que antes de mayo debería terminar de normalizar el flujo de petróleo y que llevaría a precios que regresan a sus niveles anteriores al inicio de la guerra en alrededor de un año. Es el panorama más probable hoy en día, pero es una probabilidad que viene a la baja conforme se suceden declaraciones contradictorias de los responsables de las principales decisiones de este conflicto.

Un segundo escenario implica un conflicto que no escala pero permanece latente, suspendido en cierto nivel de tensión basal, con idas y vueltas de misiles, drones y quizás algún que otro efectivo norteamericano en suelo iraní, con un canal virtualmente cerrado y socios de Occidente claves para el mercado del petróleo en Medio Oriente bajo amenaza. Allí los precios tenderían a mantenerse en el nivel actual por un buen tiempo.

El tercer escenario es el más complicado. Un conflicto que escala, que se intensifica y arrastra a otras potencias. En los otros escenarios tampoco se descarta la intervención de otras potencias, pero en esos casos el rol designado a China o a los países de la Unión Europea era el de presionar a los contendientes para reducir el conflicto en lugar de extenderlo. En este escenario, se prevé que el régimen iraní cumpla con su amenaza de destruir infraestructura estratégica para la extracción de petróleo en la región, tanto a nivel operativo como logístico. Esto llevaría el barril a niveles de US$ 150 o US$ 200, duplicando los niveles actuales.

Se trata del escenario menos probable hoy en día, pero cuya probabilidad se va alejando del cero conforme avanzan los días.